Octubre 22 del 2021
Jineth Bedoya abrió la puerta de la esperanza para muchas periodistas en Colombia porque visibilizó la dificultad de ejercer el periodismo en un entorno de violencia, hostil a la verdad; porque evidenció el drama particular de las mujeres que ejercen esta noble labor; porque con su caso, le dio voz a las cientos de víctimas de abuso sexual que por la re-victimización, se ven obligadas al silencio, y porque ella, dos décadas después de los hechos, pudo demostrar que, en su caso, el Estado colombiano es responsable del drama que le tocó vivir por cumplir con su deber como periodista.
Todo esto se deduce de la histórica sentencia dictada por la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) contra el Estado de Colombia -dada a conocer esta semana (18.10.2021)- por las violaciones a los derechos de la periodista Jineth Bedoya Lima, quien fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual, en el ejercicio de su profesión, el 25 de mayo del año 2000.
La Corte encontró que el Estado de Colombia es "responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión en perjuicio de la periodista Bedoya Lima". Y advirtió sobre la existencia de "indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en los hechos".
Entre los indicios narrados en la sentencia, se encuentra que la policía de antemano sabía que Jineth Bedoya haría una entrevista en la cárcel La Modelo. Una vez en el sitio, no la dejan ingresar, y allí, en la entrada del penal, la secuestran frente a una patrulla policial. La llevan a una bodega cercana, la torturan, la violan y después la dejan tirada en las afueras de la ciudad, en la vía a Villavicencio. Todo, porque sus publicaciones sobre irregularidades en el centro carcelario no le gustaron a algunos paramilitares implicados.
Como indicio adicional, se describe en la sentencia, tampoco se explica la inoperancia del guarda de la cárcel y su posterior silencio frente a los hechos.
A Jineth el Estado colombiano la obligó a comparecer doce (12) veces a lo largo de estas dos décadas. Durante doce veces fue re-victimizada al tener que revivir una y otra vez ante extraños su tragedia, con la esperanza de que se hiciera justicia.
También le tocó padecer, junto a su madre, amenazas a su vida. Frente a todo ello, fue tan paquidérmico el accionar estatal que a ella misma le tocó asumir, de su propio bolsillo, la investigación. Y por ello, se logró sentenciar a dos de los responsables implicados que ya estando en la cárcel, confesaron su participación en los hechos.
En el proceso el Estado reconoció su responsabilidad en dos cuestiones puntuales, a saber "(i) una deficiencia específica en la investigación de los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000; esto es, la relativa a la excesiva recepción de 12 declaraciones de la señora Bedoya, y (ii) la ausencia de debida diligencia en la investigación de las amenazas en contra de la señora Bedoya a partir del momento en el que el Estado tuvo conocimiento de estas, lo que incluye la falta de investigación del ataque recibido por la señora Bedoya y su madre...".
La Corte Interamericana le ordenó al Estado colombiano, entre otras acciones, promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para "determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los restantes responsables de los actos de violencia y tortura que sufrió la señora Bedoya, así como los actos de amenazas que ha sufrido".
También ordenó garantizar la difusión del programa transmedia “No es hora de callar”, el cual se transmitirá por el sistema de medios públicos, así como crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia para que puedan identificar actos y manifestaciones de violencia contras las mujeres basadas en el género que afectan a las periodistas, protegerlas en situación de peligro e investigar y enjuiciar a los perpetradores.
La Corte también dictó como medida crear un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo, con un reconocimiento específico a la labor de las mujeres periodistas.
Asimismo, indicó que se deberá diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra periodistas, así como de violencia basada en género contra mujeres periodistas.
Finalmente, el organismo pidió crear un Fondo destinado a la financiación de programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia, así como para la adopción de medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de las mujeres periodistas que se encuentran sometidas a un riesgo especial por el ejercicio de su profesión.
Los jueces ordenaron medidas de reparación económica para Bedoya y su madre, Luz Nelly Lima, por daño material e inmaterial, algo que, sin importar el monto, siempre será simbólico, porque las heridas en el alma son invaluables.
Aquí puede leer la sentencia completa de la CIDH del caso BEDOYA LIMA Y OTRA vs. COLOMBIA
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