Octubre 11 del 2022 Nacion-Ya-es-ley-de-la-republica-el-acuerdo-de-escazu
Después de casi tres años desde la firma del Acuerdo en el 2019, la plenaria de la Cámara de Representantes votó mayoritariamente a favor del Proyecto de Ley No. 109/2022 por medio del cual se aprueba el Acuerdo de Escazú que busca el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
El acuerdo se adoptó en Costa Rica y entró en vigor en abril de 2021 con la ratificación de 12 naciones, entre ellas Argentina, Bolivia, Ecuador, México y Uruguay.
En Colombia la ratificación se da dos meses después de la posesión de Gustavo Petro como Presidente de la República.
"Ha sido aprobado como ley el tratado internacional de Escazú, que busca proteger el medio ambiente y las y los ambientalistas. Felicitaciones al Congreso y a la sociedad colombiana", celebró el mandatario en Twitter.
El acuerdo de Escazú busca proteger especialmente a las comunidades afro, indígenas y otros campesinos del continente que viven en zonas rurales, y que están enfrentando a intereses de mineros, madereros, ganaderos y empresas de gasoductos o de explotación de petróleo.
En Colombia, los ambientalistas también confrontan a grupos armados ilegales que se lucran de actividades como la minería de oro o la tala de árboles para sembrar hoja de coca.
Por otra parte, el partido Cambio Radical de Germán Vargas Lleras y Centro Democrático del expresidente Alvaro Uribe Vélez se opusieron a la ratificación del acuerdo de Escazú. De hecho, éstos partidos más Polo Polo y Marelen Castillo se retiraron del debate argumentando que existirían "vicios de trámite y falta de garantías".
Sin embargo, las objeciones de fondo las presentó en días pasados el expresidente Alvaro Uribe. Para el exmandatario el acuerdo de Escazú no es necesario porque Colombia tenía mecanismos idóneos que no poseen otros países de la región para el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
"Los derechos ambientales, además de su consagración en nuestra Constitución, la tutela los ha protegido conectándolos a derechos fundamentales. El país tiene instituciones claras en materia de información, participación y acceso a la justicia en materias ambientales", dijo Uribe Vélez.
Y la segunda razón para oponerse al acuerdo de Escazú es la "cesión de soberanía" en las decisiones ambientales.
"Imaginemos un proyecto piscícola en el Tolima, debidamente autorizado por las autoridades ambientales y de concesiones de aguas. Con Escazú, queda expuesto a que el Sistema Interamericano obligue a revocarlo. También cabría la hipótesis de que obligara desembalsar a Hidroltuango.
Nada de lo que esté vinculado al Sistema Interamericano puede excluirse de que a sus instancias lleguen las decisiones nacionales", puntualizó el expresidente Alvaro Uribe Vélez.
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