La Contraloría de Cali, informó que hizo seguimiento a los recursos invertidos en el contrato 300-GAA-CO-1250, para la optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cañaveralejo, por valor de $74.957.952.932, y su contrato de interventoría No. 300- GAA -CI- 1267-2017 por valor de $ 5.337.957.672. en la vigencia 2020.
Paralelamente a esta auditoría, Empresas Municipales de Cali, EMCALI, anunció acciones legales contra la firma española ACCIONA AGUA S.A.U. COLOMBIA, contratada en el 2017 para llevar a cabo los trabajos de mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo, Ptar-C.
El contrato, por valor de $74.957.952.932, incluía el diseño e ingeniería de detalle, construcción y puesta en marcha de la instalación una vez renovada en un plazo de 25 meses.
De manera puntual obligaba al contratista a realizar un estudio detallado de la estructura de hormigón y de la vulnerabilidad de las estructuras hidráulicas de la PTAR; la reparación, rehabilitación y reforzamiento de dichas estructuras; el suministro e instalación de nuevos equipos; la modernización del sistema eléctrico y de automatización, y la puesta en operación de la planta una vez renovada.
La interventoría fue contratada con la empresa española IDOM CONSULTING ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U., por una cuantía de $ 5.337.957.672.
A enero de 2020, con la nueva administración, el avance de obras era sólo del 57%, situación que ha llevado a que la Ptar-C presenté una difícil situación de vulnerabilidad operativa que conlleva el riesgo de graves consecuencias ambientales y de salubridad para la ciudad.
Adicionalmente, se encontró que existía un inventario de equipos importante aún sin instalar por parte del contratista.
De acuerdo con las evaluaciones, las cuentas con el contratista ACCIONA AGUA S.A.U. COLOMBIA, según el contrato, y que deberá restituir a EMCALI son del orden de $27.062 millones, correspondientes entre otros ítems a la imputación económica establecida en la claúsula penal por incumplimiento establecida en los contratos.
En lo que respecta a la firma interventora IDOM, existe un saldo por cancelar de $1.067 millones, equivalente al 20% del contrato, que EMCALI retendrá aplicando la cláusula penal por incumplimiento.
Adicionalmente, como la planta no está en pleno funcionamiento y los vertimientos al río Cauca no estarían cumpliendo con las exigencias de la autoridad ambiental, se habrían generado daños y perjuicios a EMCALI avaluados en $128.203 millones, correspondientes a un mayor pago por tasa ambiental y daños emergentes producto del incumplimiento, los cuales se reclamarán tanto a la firma ejecutora de la obra como a la responsable de la interventoría.
Sobre el contrato 300-GAA-CO-1250 con ACCIONA AGUA S.A.U. COLOMBIA, en Informe de Auditoría Regular vigencia 2019, publicado el 29 de julio de 2020, se configuró hallazgo disciplinario por la no ejecución del contrato conforme al término establecido presentando un retraso en su momento del 41% y que concluyó con un incumplimiento total del 43% ejecutándose solo el 57%.
Así mismo, se configuró en ese momento, (julio de 2020) hallazgo disciplinario por incumplimiento de las metas sobre carga contaminante al sobrepasar en 22% y 41% la meta establecida por el DAGMA, para los parámetros DBO5 (Demanda Biológica de Oxigeno) y SST (sólidos suspendidos totales) respectivamente.
En el informe final de actuación especial de fiscalización de atención a denuncia fiscal interpuesta por SINTRAEMCALI, liberado el 4 de febrero se configuró un hallazgo disciplinario y fiscal por un presunto detrimento de $4.270.366.150, por concepto de pago del 80%, de la interventoría al contrato de optimización, al no ejercer control, vigilancia, inspección y verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de obra.
De igual manera, se configuró hallazgo disciplinario y penal por una presunta negligencia por parte de la empresa en la ejecución del contrato que pretendía optimizar la infraestructura de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ocasionando incumplimiento de régimen de deberes y obligaciones y el presunto delito de posible contaminación ambiental de conformidad con el artículo 332 literal a) de la Ley 599 de 2000, situación que se habría consolidado mediante pronunciamiento del DAGMA, autoridad competente para determinar el impacto ambiental y el cumplimento o no del factor regional con el cual se calculó la tasa retributiva para el 2019.
Los anteriores hallazgos se configuraron sobre la gestión desarrollada durante la vigencia 2019.
La Contraloría igualmente informó que en el Plan de Vigilancia Fiscal 2021, se tiene contemplado realizar auditoria especial sobre los recursos que la nación le transfiere a EMCALI EICE ESP, en cumplimento de los dispuesto en los documentos CONPES 3750 de 2013 y 3858 de 2016, para el apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura destinados a fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, en la que se incluirá la gestión fiscal sobre la vigencia 2020 en especial los recursos invertidos en las Plantas de Tratamiento.
Una vez se pronuncie la autoridad ambiental - DAGMA sobre el cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en la vigencia 2020, se realizarían los pronunciamientos desde el ámbito fiscal a que haya lugar, por parte de la entidad.
Febrero 19 del 2021
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